Nace en Ibiza la primera cooperativa de prostitutas que pagarán su Seguridad Social

“Conocí a una señora en Madrid que, a sus 70 años, estaba haciendo la calle. Se me caía el alma”. 70 años y en la calle. O enferma, y en la calle. O con un niño de teta, y en la calle. Sin ninguna cobertura laboral. La realidad de la prostitución en España, donde hasta la fecha tiene carácter alegal -aunque una multitud de ordenanzas y reglamentos limitan su práctica en determinados espacios de las ciudades-, es que quien la ejerce no tiene derecho a paro, ni a tomarse una baja, ni a un permiso de maternidad ni a asistencia médica en caso de carecer de ‘papeles’. Por una sencilla razón: su situación laboral pertenece a ese mismo limbo, y la Seguridad Social no la contempla. Hasta ahora. En Ibiza un grupo de mujeres ha encontrado un resquicio para romper el círculo de la invisibilidad oficial y lograr su cobertura como trabajadoras.

Son once. Vienen de países del Este, de Italia y de España. Son cooperativistas en tiempos de crisis. Hasta aquí, nada especial, si no fuera porque en el registro oficial de Baleares en el que han logrado inscribirse (después de un primer rechazo y un recurso), la cooperativa que ahora las agrupa -de nombre Sealeer– aparece con un ‘apellido’ insólito: “De trabajo asociado para la prestación de servicios sexuales”. Ello les ha permitido darse de alta como autónomas en el epígrafe de “otros servicios”. Hoy, dos meses después de su inscripción en el registro, sobre la mesa de su presidenta, María José López Armesto -la misma que recuerda a la prostituta de 70 años- se acumulan unas 40 solicitudes de otras mujeres para unirse a ellas. María José es la única de las once que no vive del sexo, pero necesitaban que estuviera allí para ser su voz. Porque muchas tienen, según explica ella, hijos, padres enfermos… Una familia, en definitiva, a la que quieren mantener alejada de su medio de vida.

Ellas, según cuenta, han llegado a la prostitución porque “tal y como está la crisis, una madre se agarra a un clavo ardiendo”. Pero hay otras, sostiene, que lo hacen por una elección libre del peso de la necesidad. Sea como fuere, “siempre y cuando no sea coaccionada y no tenga un proxeneta detrás, a la mujer que decide ser prostituta no se le pueden negar sus derechos”, sentencia López. Lo que estas once mujeres han logrado es “su autonomía. Pagar su Seguridad Social. Y sobre todo un respaldo. En la cooperativa tenemos, por ejemplo, un abogado. Aquí encuentran cobertura legal, asesoramiento. Se apoyan entre ellas”.

No es poco. Las once mujeres de Sealeer son pioneras en España porque, con las cartas boca arriba, habiéndose definido como trabajadoras del sexo, han conseguido poder declarar sus ingresos y pagar su Seguridad Social. Hace algunos años la psicóloga social Diana Zapata, entonces ligada al proyecto de investigación Licit, documentó varias experiencias de organización de prostitutas en cooperativas de ahorro en el barrio barcelonés del Raval: denominadas El Cuadro, consisten en la organización de un grupo de mujeres que pagan una cantidad diaria a la cooperativa, que es completamente extraoficial. Una de ellas cobra el total al final de cada semana de forma rotativa, en lo que supone “un método muy práctico para anticiparse a la fragilidad de la economía sumergida”, según Zapata, que añade que ellas lo definen también como un medio de “resistencia” ante la presión policial. Antes aún, los tribunales habían abierto un resquicio al trabajo de “alternadoras”, aquellas mujeres que (Tribunal Supremo, sentencia de 14 de mayo de 1985) “se dedican a la captación de clientes varones mediante su atractivo sexual, al objeto de que procedan al consumo de bebidas”, una actividad que puede tener el carácter de relación laboral por cuenta ajena (sentencia de 3 de mayo de 1981) siempre que no haya acceso carnal. Aquello ha dado lugar a alguna coda surrealista, como la de un juzgado de Granollers que reconoció la actividad de una mujer media jornada teniendo en cuenta sólo el tiempo que estaba como ‘alternadora’ y no como prostituta.

Menciona estos antecedentes Glòria Poyatos, juez decana de los juzgados de Lanzarote y titular del juzgado de lo social no. 1 de Arrecife (Canarias), cuya experiencia inspiró la creación de la cooperativa ibicenca. Cuando realizaba su tesina, Poyatos intentó inscribirse en la Seguridad Social como autónoma, declarando que se dedicaba a la prostitución. Consiguió dar todos los pasos necesarios -también bajo el epígrafe de ‘otros servicios personales’-, aunque finalmente no llegó a darse de alta, puesto que su único objetivo era demostrar que podía hacerse. De aquella experiencia surgió un libro –La prostitución como trabajo autónomo (ed. Bosch)- en el que propugnaba ambas salidas, la del alta como autónomas y la de las cooperativas, para perseguir el que se marca como su objetivo: “Que las trabajadoras, y hablo de mujeres porque en su mayoría lo son- se autogestionen. Que impongan sus horarios, sus cuantías y las condiciones de la prestación sexual. Que puedan decir ‘Aquí no entra el que venga sucio, drogado o sin preservativo’. Que marquen sus normas, y que no lo haga ni el cliente ni el proxeneta”. Es, precisamente, de ese libro de donde surgió la idea de la cooperativa Sealeer.

Esta juez sabe que nada en contra de una corriente clásica entre las feministas (como ella misma se considera), la que aboga por el abolicionismo de toda forma de prostitución. Pero cree que “conviene regular expresamente esta actividad, porque se trata de un trabajo eminentemente juvenil y de retiro temprano”. Su salida de la economía sumergida supondría, primero, acabar con su alegalidad y lanzar la primera piedra contra su estigmatización. Segundo, un beneficio para ellas, que podrían optar a bajas, paro, créditos… Y, tercero, hacer aflorar un negocio que, según la últimaponencia parlamentaria sobre este tema, mueve unos 50 millones de euros al día en España.

Sobre la mesa están dos normas pendientes de trámite que alterarán el panorama de la prostitución en España. Por un lado, la de reforma del Código Penal, que, en lo referente al proxenetismo, incluye el concepto de dependencia económica, “lo que dificultará su denuncia”, según Glòria Poyatos. Y dos, la controvertida Ley de Seguridad Ciudadana, que tipifica como infracción grave (de 1.000 a 30.000 euros) “el ofrecimiento, solicitud, negociación o aceptación de servicios sexuales retribuidos” en espacios públicos de uso de menores o en los que estas actividades puedan suponer un riesgo a la seguridad vial. “Se puede penalizar que se practique sexo en los espacios públicos, pero no la negociación. Están barriendo la prostitución de las calles hacia los locales, con lo que ello significa: se propicia la explotación, el lucro y que se defraude al fisco”. La propuesta de esta juez es otra: “O cierran todos los prostíbulos y reinsertamos a estas mujeres obuscamos una manera de permitir que ese trabajo que hacen beneficie al sistema y que a ellas les pueda repercutir también algún beneficio”.Por ahora, el primer y tímido ensayo tiene lugar en Ibiza.

Publicado en El Confidencial, el 12 de enero de 2014.